El contrato de cesión

Es contrato consensual bi o unilateral, oneroso o lucrativo, conmutativo o aleatorio, a través del que una persona transmite a otras derechos o acciones que le comprometen contra un tercero, a cambio de un precio cierto en dinero.

La cesión de crédito

Se da cuando una de las partes se obliga a transferir a la otra parte el derecho que le compete contra su deudor, entregándole el título del crédito, si existiese.

El art. 384 dice que le acreedor, aun sin consentimiento del deudor, puede tranferir su crédito, a título oneroso o gratuito, siempre que la transferencia no contradiga lo preceptuado por la ley o lo convenido con el deudor.

Elementos personales, reales y formales.

Los elementos personales son el cedente  (acreedor primitivo) y el cedido, que es el que adquiere el crédito, por cuanto se constituye en el nuevo acreedor, asimismo se requiere que el cedente tenga capacidad de disponer de sus bienes y el cesionario capacidad para contratar y obligarse.

La cesión para producir efectos debe ser aceptada por el deudor, y esta puede ser expresa o tácita.

En cuanto a los elementos formales se debe reconocer que no es un contrato formal, ni en la doctrina ni en la legislación positiva.

En cuanto a los elementos reales, pueden ser objeto de cesión los derechos y acciones.

Obligaciones del cedente y cesionario

Son los mismos que en la compraventa.

El cedente debe garantizar la existencia y legitimidad del crédito que traspasa.

El cesionario debe pagar el precio del crédito cedido, con sujeción a las reglas de la compra y venta.

Prohibiciones

El art. 386 explica quienes no pueden ser cesionarios directa o indirectamente.

I. No pueden ser cesionarios directa ni indirectamente:

1. Los magistrados, jueces, fiscales, secretarios, actuarios, auxiliares, oficiales de diligencias, abogados, notarios y apoderados en causas judiciales, respecto a los créditos sobre los que ha surgido controversia ante la autoridad judicial en cuya jurisdicción ejercen sus funciones. Se exceptúa la cesión de acciones hereditarias entre coherederos.

2. Los administradores de bienes del Estado, municipios, instituciones públicas, empresas públicas y mixtas u otras entidades públicas, respecto a los créditos que administran.

3. Quienes por acto de autoridad pública administran bienes ajenos, para los casos en que se  les prohíba vender.

4. Los mandatarios y administradores particulares, respecto a créditos de sus mandantes o comitentes.

II. La adquisición que contraviene las disposiciones del presente artículo es nula y da lugar al resarcimiento del daño.